SANTO DOMINGO: La Reforma al Código Penal dio un nuevo paso este viernes, luego de que el Poder Ejecutivo depositara ante el Senado de la República un proyecto para modificar 18 artículos de la Ley Orgánica 74-25, cuya entrada en vigor está prevista para agosto de 2026.
La propuesta fue entregada a través del presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, y quedó registrada con el número 01705-2026-PLO-SE. El proyecto fue enviado a la comisión bicameral creada para estudiar las modificaciones planteadas al nuevo Código Penal.
La iniciativa contempla cambios en los artículos 121, 122, 123, 141, 142, 144, 170, 176, 192, 207, 208, 211, 214, 215, 248, 303, 310 y 354, abordando temas relacionados con la difamación, el ejercicio de la medicina, el ultraje a funcionarios públicos y otros delitos.
Uno de los aspectos que más ha generado debate es la modificación de los artículos 208 y 211, que tratan sobre la difamación y las excepciones aplicables a determinadas expresiones. La legislación vigente establece sanciones para quienes realicen imputaciones públicas que afecten el honor, el buen nombre o la imagen de una persona, incluso cuando sean difundidas por medios digitales o redes de comunicación electrónica.
El proyecto también propone cambios al artículo 310, que regula el ultraje contra funcionarios públicos. Esta disposición ha sido objeto de observaciones por parte de juristas y organizaciones sociales, quienes consideran que podría tener implicaciones sobre el ejercicio de la libertad de expresión.
En materia de salud, la propuesta modifica el artículo 354, referente a la expedición de certificaciones médicas falsas sobre el estado de salud, enfermedades, lesiones o causas de muerte. La normativa vigente contempla penas de prisión para los profesionales que emitan este tipo de documentos de manera deliberada, con sanciones más severas en determinados casos.
Además de estos temas, la iniciativa incluye modificaciones relacionadas con bullying y ciberbullying, prescripción de delitos sexuales, exhibicionismo, acoso, autosecuestro, abandono de menores, bancarrota simple, malversación de fondos públicos y otras infracciones.
La propuesta será estudiada por la comisión bicameral del Congreso Nacional y, posteriormente, deberá ser conocida y votada por el Senado y la Cámara de Diputados antes de completar el proceso legislativo.
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