Entre promesas cumplidas y deudas pendientes: un país en balance

En estos días hemos observado el avance de varias políticas y obras públicas importantes, mientras persisten desafíos estructurales que exigen atención urgente. Esta semana nos recuerda que, aunque hay avances visibles, también hay aristas que no podemos ignorar si queremos un desarrollo verdaderamente sostenible para la República Dominicana.

El gobierno ha mantenido el paso con proyectos ambiciosos. Entre los hechos más destacados está la supervisión de la nueva planta eléctrica Energía 2000, que aportará más de 400 megavatios al sistema nacional. Una mejora de esta magnitud resulta vital en un país donde la demanda energética creciente choca con los problemas históricos del suministro. Además, la obra de mejora vial a Constanza (el acceso al Salto de Aguas Blancas) simboliza el esfuerzo por atender zonas menos favorecidas, lejos de los grandes centros urbanos. 

En materia de seguridad y orden migratorio, el gobierno informó que avanza en la segunda etapa de la verja perimetral en la frontera con Haití, con instalación de videovigilancia, drones, sensores, fibra óptica y demás tecnología. Si bien este tipo de medidas pueden reforzar el control territorial, también generan preocupación sobre la eficiencia, los derechos humanos y la transparencia en los operativos.

El panorama macroeconómico ofrece señales mixtas. Por un lado, el Ministerio de Hacienda y Economía asegura que vivimos un momento de estabilidad macroeconómica sólida y sostenible, apoyado por reservas internacionales robustas (USD 14,000 millones) y significativo flujo de inversión extranjera cercano a los USD 4,800 millones. Este respaldo internacional y esa capacidad de almacenamiento de divisas son fundamentales para resistir choques externos y financiar las importaciones de bienes esenciales.

Por otro lado, el gobierno continúa aplicando subsidios importantes para mantener estables los precios de los combustibles esenciales. Esta medida –aunque necesaria para aliviar la carga sobre los hogares y el transporte– implica un costo fiscal que debe ser gestionado con prudencia. Además, esta semana el Senado aprobó una modificación urgente a la Ley que regula la colocación de deuda pública (Ley 90-24) que añade unos RD$ 10,627 millones al techo de endeudamiento. Ese aumento de la deuda plantea preguntas legítimas sobre la sostenibilidad del gasto y la capacidad de cumplir compromisos futuros sin sobrecargar las finanzas estatales.

También se han emitido decretos que abordan problemas ambientales urgentes: se declaró de alta prioridad la intervención y recuperación de los ríos Ozama e Isabela, con la idea de regenerar las riberas ocupadas por asentamientos humanos. Es una señal importante de reconocimiento de los vínculos entre saneamiento ambiental, salud pública y calidad de vida urbana. No obstante, la magnitud del trabajo es enorme, las soluciones deben ser sostenibles y evitar desplazamientos injustos.

En lo institucional, llama la atención la designación de una nueva gerente general para el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Aunque las rotaciones en altos cargos son comunes, lo relevante aquí es si estos cambios conllevan mayor transparencia, eficiencia y sensibilidad hacia los sectores más vulnerables.

Este recuento no pretende restar valor a los avances: los proyectos energéticos, la infraestructura, las medidas de control y los subsidios pueden marcar diferencia para millones de dominicanos. Pero un gobierno serio debe mirar también la sombra que acompaña la luz.

Equilibrio entre deuda y gasto: Incrementar la deuda para financiar inversión es legítimo, pero hay que asegurar que cada peso prestado rinda en resultados concretos, con mecanismos de rendición y seguimiento claros.

Protección social real: Que los subsidios lleguen sin distorsiones, que los programas sociales respondan a las necesidades de los más pobres, y que las políticas ambientales también reconozcan los derechos humanos.

Transparencia institucional: Las declaraciones de estabilidad económica o los anuncios de obras deben ir acompañados de datos verificables, auditorías ciudadanas y participación de la sociedad civil.

Visión a largo plazo: Más aún que con medidas puntuales, el país necesita políticas que apunten al fortalecimiento del capital humano, el cuidado del medio ambiente, ordenamiento territorial, y un plan claro para enfrentar la desigualdad.

La República Dominicana avanza, claro que sí. Pero no todos los avances tienen el mismo peso, ni todas las promesas el mismo grado de compromiso. Metro Sur esta semana invita al debate: ¿estamos construyendo una prosperidad inclusiva, o solo algunos tomando ventaja del progreso? Porque si algo debe quedar claro es que ningún proyecto generará paz social si la mayoría siente que le son esquivas la justicia, la dignidad y la esperanza.