Tomado de Nuria
SANTO DOMINGO: Documentos internos, conversaciones de WhatsApp y testimonios de empleados revelan que en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) estaría operando un esquema de clientelismo político que incluye aportes económicos obligatorios, amenazas laborales, suspensiones sin salario y el uso de la estructura institucional para financiar un movimiento político denominado La Maquinaria del Cambio.
Estas irregularidades fueron denunciadas en el programa de investigación N Investiga, donde se presentaron documentos, audios y testimonios de empleados del FEDA en distintas provincias del país, quienes aseguran que se les exige pertenecer al movimiento político y realizar aportes mensuales calculados en función de su salario, bajo advertencia de amonestaciones, suspensiones e incluso cancelaciones.
Un documento interno del movimiento detalla una tabla de contribuciones que va desde 3,000 pesos para quienes devengan hasta 20,000 pesos mensuales, hasta 20,000 pesos para salarios más altos. Estos fondos no se canalizan a través de cuentas institucionales, sino a cuentas bancarias personales de miembros de la directiva del movimiento.
Además, la recaudación estaría a cargo de un empleado del propio FEDA, con acceso directo a la estructura administrativa de la institución, lo que refuerza las denuncias sobre el uso del cargo público con fines políticos.
Presión, sanciones y órdenes internas
Los cobros se realizaban tanto de forma presencial como mediante grupos de WhatsApp, bajo el rótulo de “motivación”. Sin embargo, los empleados aseguran que negarse a pagar tenía consecuencias inmediatas.
Conversaciones internas a las que se tuvo acceso muestran respuestas atribuidas al director del FEDA, ordenando a Recursos Humanos amonestar o cancelar a quienes cuestionaran el pago de boletas o aportes, evidenciando que no se trataba de contribuciones voluntarias.
Varios empleados relataron haber sido suspendidos sin disfrute de salario, notificados únicamente por mensajes y sin recibir ningún documento formal que explicara la sanción, quedando privados de su sustento económico.
Rifas, fiestas y beneficios políticos
A las cuotas mensuales se suma un segundo mecanismo de recaudación, presentado como actividades sociales bajo el nombre “Monta a tu regidor”. Según los testimonios, los empleados eran obligados a vender boletas para financiar la compra de vehículos a regidores o aspirantes, algunos sin cargos electivos pero vinculados a la institución.
Durante estas actividades se proyectaban videos y se exhibían públicamente los vehículos adquiridos con dinero aportado por servidores públicos. Quienes no lograban vender las boletas debían cubrir el monto de su propio bolsillo o enfrentar sanciones laborales.
Marco legal y dimensión institucional
La Ley de Función Pública prohíbe que funcionarios utilicen su cargo para imponer aportes económicos a empleados bajo su dirección, mientras que la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece que ningún servidor público puede ser obligado a financiar estructuras políticas, aun cuando estos cobros se presenten como voluntarios.
Los hechos denunciados no ocurren en un comité político ni en una estructura privada, sino dentro de una institución pública adscrita a la Presidencia de la República, financiada con recursos del Estado y creada para apoyar a los pequeños y medianos productores agropecuarios.
Antecedentes bajo cuestionamiento
El FEDA, creado en 1972 y dirigido desde octubre de 2021 por Hecmilio Galván, ya había sido objeto de cuestionamientos públicos. En septiembre de 2023 se documentaron irregularidades en la entrega de pollitas ponedoras, con recibos de descargo sin especificar cantidades y discrepancias entre lo reportado y lo recibido por beneficiarios.
A esto se sumaron señalamientos por conflictos de interés en la compra de gallinas a un proveedor con vínculos gremiales con la dirección del FEDA, a precios que triplicaban los del mercado.
Las nuevas denuncias colocan ahora al FEDA bajo un foco aún más crítico, al vincular presuntas irregularidades administrativas con prácticas de clientelismo político interno que afectarían directamente a empleados públicos.
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