Ministerio Público incauta apartamento de Jochy Gómez por caso Intrant

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METROS SUR RD

SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público incautó de manera provisional el apartamento del empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez), ubicado en la Torre Logrobal del Distrito Nacional, como parte del proceso judicial que se le sigue por presuntos actos de corrupción relacionados con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

La medida, de carácter preventivo, busca evitar que el imputado disponga del inmueble mientras avanza la investigación sobre su presunta participación en irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos durante su vinculación con la institución estatal.

El abogado de Gómez, Carlos Balcácer, calificó la acción como irregular y aseguró que fue ejecutada fuera del plazo otorgado al Ministerio Público para presentar el acto conclusivo del expediente. Sin embargo, explicó que la incautación es una medida precautoria con fines de comiso y deberá ser ratificada por un juez durante el juicio de fondo.

“Para que un bien pase a decomiso, se debe demostrar que fue adquirido con fondos ilícitos. De no comprobarse, el juez ordenará su devolución”, precisó Balcácer.

Aclaró además que Gómez puede seguir habitando el apartamento, aunque no podrá venderlo, traspasarlo ni realizar ninguna operación económica con el mismo mientras se mantenga bajo control judicial.

El caso forma parte de la denominada Operación Camaleón, que investiga supuestas irregularidades en la licitación para la modernización y gestión del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.

Según el expediente, la empresa Transcore Latam, SRL, beneficiaria del contrato, pertenece en gran parte a Gómez Canaán, quien habría recibido pagos millonarios pese a que la compañía no contaba con la capacidad técnica requerida.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa a Gómez y a otros exfuncionarios, incluyendo al exdirector del Intrant, Hugo Beras, de presuntos delitos como estafa al Estado, falsificación, lavado de activos y sabotaje de infraestructura pública.

El Ministerio Público informó que continuará ampliando las investigaciones para determinar el alcance total de las responsabilidades en este caso, que ha sido catalogado como uno de los procesos de corrupción más complejos en la administración pública reciente.

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